El fiscal Diego Luciani pidió este lunes una pena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lxs demás acusadxs en la causa por corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
La ASOEM expresa su rechazo a esta definición ya que lo concibe como un contexto de gravedad política que busca la desestabilización a través de la judicialización y mediatización que históricamente han conducido los gobiernos neoliberales de derecha.
Estas mismas acciones son las que vulneran el funcionamiento del sistema democrático: “En este mismo sentido, ASOEM sufrió la misma persecución por parte de Claudio Leoni al mando de la FESTRAM que, junto con medios pautados, atentaron en ese caso contra la democracia sindical y sus dirigentes”, expresó el secretario General Juan R. Medina al respecto.