En el marco del conflicto vigente en la Municipalidad de Sauce Viejo, la ASOEM analizó el Presupuesto 2026 presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal ante el Concejo, advirtiendo inconsistencias y un modelo de distribución de recursos que vuelve a poner en discusión el lugar que ocupan lxs trabajadorxs dentro de la planificación estatal.

El proyecto presupuestario prevé un total de $ 24.461.315.519 y establece siete ejes prioritarios: Obra Pública, Ayuda Social, Prestaciones de la Secretaría Pública, Iluminación, Salud, Agua Potable y Prevención en Seguridad. Sin embargo, del análisis de su estructura surge un interrogante central: ¿qué lugar ocupan quienes sostienen diariamente el funcionamiento del Estado municipal?

Según los datos consignados en el propio documento oficial, las partidas destinadas a trabajadorxs de planta permanente ascienden a $ 4.672.057.233 para 198 trabajadorxs de planta permanente y 49 cargos no permanentes, junto a 23 funcionarixs y $ 410.707.403 destinados a 8 concejales, lo que representa el 19,09 % del presupuesto anual.

En paralelo, el presupuesto contempla $ 3.964.250.125 destinados a servicios no personales —monotributos—, cifra que equivale al 16,20 % del total. Desde ASOEM se advierte que este nivel de asignación refuerza esquemas laborales por fuera de la planta permanente y consolida modalidades que, lejos de fortalecer el empleo público, profundizan la precarización laboral dentro del Estado municipal.

En ese marco, se remarca que bajo estas modalidades se desempeñan trabajadorxs de múltiples funciones esenciales —entre ellxs recolectores, choferes, electricistas, motoguadañeros, jardineros, albañiles, docentes, personal de servicios escolares y mantenimiento, médicxs y enfermerxs— sin que el presupuesto permita conocer cuántas personas integran efectivamente esta modalidad laboral.

El análisis también revela que el total destinado a personal y servicios no personales asciende a $ 9.047.014.756, lo que representa el 36,98 % del presupuesto general, porcentaje que incluye la totalidad de trabajadorxs de planta permanente, contratos no permanentes, funcionarixs, concejales y personal bajo modalidad de monotributo.

Como se dijo, dentro de la estructura informada se identifican 198 trabajadorxs de planta permanente, 49 cargos no permanentes, 23 funcionarixs y 8 concejales. Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor preocupación es la falta de información precisa sobre la cantidad total de trabajadorxs bajo modalidad de monotributo.

¿Cuántos monotributistas integran actualmente la estructura municipal? ¿Qué funciones cumplen? ¿Bajo qué condiciones laborales se desempeñan?
Estas preguntas, que surgen del análisis técnico del presupuesto, continúan sin respuestas claras en la documentación oficial presentada.

Desde ASOEM se señala que el presupuesto no solo es una herramienta administrativa, sino también una definición política que expresa prioridades. En ese sentido, se advierte que la planificación presupuestaria 2026 pone en evidencia un modelo de gestión que proyecta inversiones en distintos ejes estratégicos, pero sin una política clara de fortalecimiento del empleo municipal ni de mejora sostenida de las condiciones laborales.

Asimismo, se remarca que el crecimiento de partidas destinadas a servicios tercerizados y contrataciones externas debe ser analizado en el marco del conflicto vigente, ya que impacta directamente en la estabilidad laboral y en la calidad del servicio público que se brinda a la comunidad.

Desde la organización sindical se sostiene que no puede pensarse un Estado eficiente sin trabajadorxs reconocidxs, protegidxs y con condiciones laborales dignas, y que la discusión presupuestaria en el Concejo Municipal representa una instancia clave para transparentar el destino de los recursos públicos y definir qué modelo de Estado se proyecta para Sauce Viejo.

En ese contexto, ASOEM advierte que el debate presupuestario no debe limitarse a cifras globales, sino que debe incluir un análisis profundo sobre el modelo laboral que se consolida: uno basado en empleo público estable o en la creciente tercerización de tareas esenciales.